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A un año del lanzamiento de la iniciativa “Acceso Mancomunado a la Tecnología” (conocida como C-TAP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un evento de alto nivel para periodistas con la participación de líderes de todo el mundo, entre ellos Alejandra Sánchez Cabezas, directora del Observatorio de Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y en representación de la sociedad civil de América Latina.
También participaron del evento el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, el director de la farmacéutica Incepta con sede en Bangladesh, Meryame Kitir, titular de la cartera de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, y representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
C-TAP es un instrumento pensado principalmente para que los laboratorios compartan voluntariamente la propiedad intelectual y otros datos de los fármacos para diagnosticar y tratar el COVID-19. Este mecanismo está impulsado por 40 países, incluyendo a la Argentina, aunque todavía es rechazado por los grandes laboratorios que producen las vacunas que se administran masivamente a nivel mundial.
En nuestro país, el Observatorio de Salud del GDFE está organizando junto a Fundación Avina y otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y sociedades científicas, un grupo para incidir en la declaración de la vacuna contra del COVID-19 como “bien público global”, es decir, que esté al servicio de todos los habitantes del planeta y que no se administre con una lógica de mercado sino con una lógica de derechos humanos.
En el evento, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la pandemia está “muy lejos de haberse terminado” y por eso garantizar el acceso a las vacunas es esencial para conseguirlo. También recordó que el método de licencias voluntarias sirvió en el pasado para combatir enfermedades como el VIH/Sida y la tuberculosis.
Por su parte la Dra. Sánchez Cabezas recordó: “A los Estados miembros y a la OMS les tomó décadas reconocer la importancia de la salud como derecho humano. Es preciso actuar sobre los determinantes sociales y avanzar hacia la cobertura universal de la salud que se traduce hoy en acceso universal de las vacunas” y destacó el rol de la sociedad civil como actor clave para “apoyar a quienes quieran construir el poder real necesario para movilizar acciones inclusivas y solidarias”.
