La pandemia del coronavirus ha puesto en muy poco tiempo a la salud en el centro de la escena política y social. Las noticias de salud pasaron de ocupar un 0,5% de las noticias en la Argentina a ser el tema principal de los medios de nuestro país y en el mundo.
Ahora bien, ¿qué significa el hecho de que hasta hace algunas semanas la salud no era noticia? ¿Será el síntoma de cuán invisibilizada está la salud como bien público?
Como sucede con muchos otros asuntos –no solo relacionados con la salud–, se podría decir que lo que no está en la agenda mediática “no existe” y no ocupa un lugar de interés en las preocupaciones y exigencias de la ciudadanía.
Entonces, si los temas de salud pública en general no son centrales, menos lo serán las enormes desigualdades que determinan quién accede a este bien público y quién no.
¿O cómo se explica que la tasa de mortalidad neonatal sea el doble en el NEA que en la de Ciudad de Buenos Aires? ¿Que en los últimos años los casos de sífilis congénita aumentaran en la región Centro del país, duplicando a otras regiones, donde en ese mismo período disminuyó? ¿Que seis provincias están en una situación de alto riesgo de transmisión de Chagas mientras otras cinco ya han certificado su interrupción? ¿Cómo se explica que los embarazos adolescentes en las ciudades más desarrolladas están por debajo del 6%, pero en algunas provincias del norte supera el 20%?
En este contexto, ¿qué nos invita a pensar el coronavirus más allá de la pandemia? En primer lugar, a comprender las políticas públicas desde una perspectiva de derecho. Y que el hecho de que las poblaciones padezcan los problemas de salud de manera diferencial no nos debería ser indiferente.
Los barrios populares, por ejemplo, se caracterizan por su inestabilidad económica, dificultades en el acceso a los servicios de salud y hacinamiento. Si el lavado de manos y el aislamiento social son las dos medidas por excelencia para frenar la propagación del virus, ¿qué pasa cuando más del 30% de la población está por debajo de la línea de pobreza, vive en condiciones de hacinamiento, no tiene alcohol en gel y además no accede a agua segura ni a servicios de salud de calidad?
Esta situación de vulnerabilidad, además de ponerlos a ellos mismos ante mayor riesgo, tiene consecuencias sobre la salud de todos.
La coyuntura nos invita a pensar en las deudas que aún existen en materia de salud con mirada de largo plazo y comunitaria. La emergencia del coronavirus debería abrirnos los ojos sobre dos conceptos: que la desigualdad social en la Argentina es la causa de que algunos tengan más posibilidades de enfermarse y morirse que otros, y que esto es problema de todos.
El incremento de casos de dengue, el resurgimiento del sarampión y las muchas muertes y enfermedades evitables, nos obligan a pensar las políticas públicas de manera integral y a largo plazo. Y para esto, quienes nos reconocemos actores sociales con vocación de bien público tenemos que hacer nuestro aporte.
De allí que desde el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) creamos un “Observatorio de la salud” con el fin de contribuir a la construcción de consensos público privados para el diseño, implementación y sostenimiento de políticas de Estado con racionalidad sanitaria y perspectiva de derecho.
En este sentido, la foto del último domingo, con las principales autoridades políticas reunidas para pensar soluciones de manera consensuada, nos alienta a ser optimistas y pensar que el coronavirus puede ser el puntapié inicial para generar políticas de Estado (y no solo de gobiernos) con una participación más amplia.
Alejandra Sánchez Cabezas
Observatorio de la Salud – GDFE
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