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El encuentro se inscribe en el lanzamiento de un espacio del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) para traccionar herramientas desde el sector financiero que contribuyan al bien público de manera estratégica. Participaron referentes de sustentabilidad y del negocio de más de 15 bancos públicos, privados y multilaterales.
La resignificación de los roles de las instituciones para la transformación social es transversal a toda industria o sector. Desde esta premisa, el GDFE continúa abriendo espacios de articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, generando oportunidades para acompañar procesos y participar de iniciativas colaborativas.
En este caso, se convocó a bancos y especialistas financieros de otras industrias a la casa central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para participar de un diálogo con el equipo de Sebastián Welisiejko, secretario de Integración Socio Urbana del ministerio de Salud y Desarrollo Social y contribuir con recomendaciones para la creación de un fideicomiso que fondee el Programa de Integración de Barrios. Este programa forma parte de la reglamentación de la Ley de Barrios Populares aprobada por unanimidad en el Congreso en octubre de 2018.
Para que el programa tenga éxito, son fundamentales tres elementos: establecer la mejor reglamentación posible, definir un norte programático y desarrollar una herramienta de fondeo. Esta última está siendo desarrollada como un fondo de inversión de capital híbrido, que otorgará préstamos a provincias para invertir en la provisión de servicios básicos y actividades de desarrollo productivo, humano y de planificación territorial. Esto responde a una visión del problema de los barrios populares desde una perspectiva multidimensional, que abarca desafíos no solo de infraestructura sino también sociales y comunitarios, entendiendo que, como asegura Welisiesjko, “apoyar el proyecto productivo de un barrio es tan importante cómo llevar agua y cloacas”.
El diseño del fideicomiso está avanzando y para eso es fundamental la contribución de especialistas y empresarios el negocio financiero, porque son quienes serán invitados posteriormente para participar. En ese sentido, el instrumento busca ser lo suficientemente relevante y atractivo para ser considerado como una inversión de bajo riesgo, con retorno financiero y alto impacto social para los privados, es decir, no como una herramienta de filantropía, sino de negocio.
La propuesta se presenta como una oportunidad histórica no solo por la urgencia que impone la realidad -entre otros, el hecho de que más del 40% de la población de estos barrios tiene menos de 15 años, sino también porque ya hay consenso construido entre el sector público, distintos espacios políticos y sociales y OSC en la consolidación de la iniciativa como una política de estado y no de gobierno- de acá a por lo menos 15 o 20 años.
